Miércoles, 6 de Diciembre de 2023
Se conoció esta semana parte de un reporte elaborado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, sobre el peritaje de la información contenida en "la nube" del celular, del líder de Revolución Federal, Jonathan Morel. El informe abre nuevas líneas de investigación que certifican el vínculo entre el grupo de ultraderecha con el atentado contra CFK, como así también otras impactantes revelaciones.
El funcionario quedó acorralado contra una pared, protegido por un cordón de policías y un sector de los colectiveros que intentaban frenar el ataque. Esta situación de violencia ocurrió horas después del crimen de un chofer de la línea 620 de colectivos que estaba a punto de jubilarse.
"Robar energía es un delito penado con prisión de hasta 6 años, que además pone en riesgo la vida de quien la manipula y de terceros, perjudicando asimismo la calidad del servicio eléctrico", advirtió la empresa.
Ante denuncias recibidas por intentos de estafas, como llamados telefónicos de personas que se hacen pasar por trabajadores del organismo, ANSES recuerda que no se comunica en ningún caso para solicitar datos personales, bancarios ni claves personales en forma telefónica, por correo electrónico, redes sociales ni mensajes de texto.
Tras el ataque al ministro de Seguridad Sergio Berni, se evalúan hipótesis que no descartan una conexión política. El encuentro de Patricia Bullrich con choferes hace unos días y un cartel que estaba en un acto suyo y también en la manifestación de ayer, abonan esa teoría.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), detectó irregularidades en un centro de acopio de cereales del sur de la provincia de Buenos Aires. El organismo conducido por Carlos Castagneto comprobó que el establecimiento carecía de la documentación que respalde la propiedad de la mercadería, por lo que procedió a interdictar 270 toneladas de maíz valuadas en 13,2 millones de pesos.
Fue acusado de vender maquinaria robada en un campo de la zona. La decisión fue tomada por la Justicia de Garantía de Tres Arroyos, tras detectar en Facebook que Sergio Mosqueira estaba comercializando el artefacto a través de un tercero.
La jueza Alicia Vence dictó una serie de medidas de prueba en la causa que investiga si hubo desvío de fondos del PAMI en favor de la política territorial de Hurlingham.
