Martes, 2 de Junio de 2020
Quedó conformada este miércoles en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, la mesa de "inclusión social penitenciaria y post penitenciaria" con el objetivo de implementar el "Programa más trabajo, menos reincidencia".
Los intendentes Juan Zabaleta (Hurlingham), Lucas Ghi (Morón), Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Gustavo Menéndez (Merlo), mantuvieron una reunión con funcionarios del Departamento Judicial de Morón para conocer el estado de situación respecto a las disposiciones excepcionales de prisiones domiciliarias por parte de la Justicia, en el marco de la emergencia sanitaria nacional por el Covid-19.
Al igual que lo hizo Alberto Fernández, el mandatario provincial utilizó su cuenta en la red social de Twitter, para desmentir la campaña que le adjudica al gobierno, una intención de liberar presos. "Además, es totalmente inverosímil porque pura y simplemente el Poder Ejecutivo no encarcela, ni libera ni decide libertades condicionales", remarcó Kicillof.
En un fallo dictado en respuesta al planteo del defensor Hugo Tomei, quien pidió que se anulen las declaraciones indagatorias de los rugbiers, que se aparte de la causa a la fiscal de Villa Gesell Verónica Zamboni y que cesen las prisiones preventivas de los acusados, se confirmaron las prisiones para los ocho acusados que continuarán en la Penitenciaría 3 de La Plata, situada en la localidad de Melchor Romero. 
La Suprema Corte de Justicia bonaerense revocó hoy el fallo que permitió las prisiones domiciliarias de los presos en el marco de la pandemia por el coronavirus, se informó oficialmente.
La jueza de la Cámara de Casación Penal, Ana María Figueroa, denunció "muchas presiones" durante el gobierno anterior y apuntó, sin nombrarlo, al ex consejero de la Magistratura del macrismo, Juan Bautista Mahíques. Cristina a través de las redes le dio visibilidad al tema.
Fue el resultado de los operativos realizados por el Ministerio de Seguridad de la Nación, Policía Federal Argentina, Prefectura Naval, Gendarmería Nacional y Policía de Seguridad Aeroportuaria, en los que controlaron desde el 20 de marzo a 2.180.963 personas.
El mensaje difundido alertaba sobre una posible "mutación del virus" en la ciudad de Ushuaia, y brindaba datos irreales sobre la cantidad de pacientes internados.
