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La preocupación en el sistema universitario argentino volvió a crecer el 20 de febrero, luego de que rectores, docentes y autoridades académicas advirtieran sobre el fuerte impacto que están teniendo los recortes presupuestarios impulsados por el gobierno de Javier Milei.

Desde distintas universidades nacionales señalaron que el presupuesto destinado al funcionamiento de las instituciones quedó fuertemente desactualizado frente a la inflación, lo que dificulta afrontar gastos básicos como servicios, mantenimiento edilicio, becas estudiantiles y programas académicos.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de todas las universidades públicas del país, alertó que la situación financiera es crítica y que, de no actualizarse las partidas, podría verse afectado el normal desarrollo del ciclo lectivo.

Docentes y trabajadores universitarios también expresaron su preocupación por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el deterioro de las condiciones laborales dentro del sistema educativo.

El conflicto se da en medio de la política de ajuste fiscal impulsada por el Gobierno nacional, que incluyó recortes y congelamientos presupuestarios en distintas áreas del Estado. Desde el sector universitario advierten que la educación pública no puede sostenerse sin financiamiento adecuado y reclaman que se garanticen los recursos necesarios para su funcionamiento.

Mientras tanto, el debate sobre el financiamiento de las universidades vuelve a instalarse en la agenda pública, en un contexto económico complejo que atraviesa tanto al sistema educativo como al conjunto de la sociedad.
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