Según un relevamiento del CEPA, durante los primeros seis meses de 2017, la política represiva no parece concentrarse en un solo sujeto social: la padecieron trabajadores, movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, pueblos originarios, partidos políticos, mujeres, vecinos, estudiantes, entre otros.
"A modo de ejemplo podemos mencionar que se reprimió a vecinos que reclamaban asistencia ante las inclemencias climáticas (principalmente inundaciones), a pueblos originarios, a mujeres que se movilizaban en el Día Internacional de la Mujer, a vecinos que pedían justicia por casos de gatillo fácil, a maestros, y a movimientos sociales que solicitaban ayuda habitacional y alimentaria", señala el informe del Centro de Economía Política Argentina.
Menciona también el accionar de la policía bonaerense que no sólo hace víctimas de sus políticas represivas a trabajadores, dirigentes sociales, mujeres y vecinos sino inclusive a estudiantes secundarios y primarios.
Denunciando que esta es una política de Estado para disciplinar y someter a los chicos a través del miedo, La Red de Madres y Padres Contra la Violencia Institucional hacia las Escuelas, conformada por familiares de jóvenes de diferentes colegios, contabilizó más de 20 casos de violencia policial en escuelas primarias y secundarias de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano en 36 días. Asimismo señalan que si se cuentan los abusos policiales en colegios del interior y en universidades nacionales, el registro alcanza los 40 casos. La violencia policial no se circunscribe al espacio público sino que se hubo casos dentro de las mismas escuelas.
Para el CEPA, "las políticas que vienen aplicándose desde la asunción del gobierno de Cambiemos, dan cuenta de que el ajuste económico y la redistribución regresiva del ingreso están acompañadas de la otra cara de la moneda, la represión, como parte de un mecanismo sistemático de disciplinamiento social. La represión funciona de esta forma como mecanismo de "contención" del conflicto, de sofocar los reclamos y como mensaje de futuros reclamos, protestas o voces disidentes".
"Entre estas prácticas represivas no sólo se encuentra la utilización de violencia física hacia los manifestantes sino también la utilización de las herramientas que les provee la justicia, con una táctica que se profundiza cada vez más: la judicialización de la protesta social", agrega.
En este marco, el CEPA analiza: "La lógica que se inauguró en enero de 2016 con el encarcelamiento de la dirigente social Milagro Sala no hace más que profundizarse, apuntando tanto a dirigentes sociales como a gremiales. Tras dos años de gestión de Cambiemos cada vez son más los manifestantes que se suman a la lista de imputados y/o encarcelados. Entre ellos podemos mencionar a referentes de diferentes provincias. En Río Negro detuvieron a integrantes de ATE por su participación en una manifestación frente a la Legislatura, entre los que se encuentran el Secretario General de ATE y CTA Autónoma de Río Negro Rodolfo Aguiar y al secretario Adjunto de ATE y de la CTA Autónoma Río Negro Aldo Capretti. En lo que refiere a la provincia de Mendoza se imputó al diputado del PTS FIT Lautaro Jimenez; los legisladores del PO FIT Víctor Dávila y Héctor Fresina, los delegados y referentes sindicales Guillermo Martínez, Raquel Blas, Jonathan Neira, Jorge Chávez y el abogado de derechos humanos Enrique Jasid, por haber participado activamente en el paro realizado el pasado 6 de abril".
"Los hechos producidos en la noche del viernes, al cierre de una movilización masiva en reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado, parecen ser un eslabón más de la política implementada por Cambiemos", finaliza el análisis del CEPA.
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