Con la iniciativa del Diputado de la Provincia de Buenos Aires del Frente para la Victoria, Juan Ignacio "Cote" Rossi y el acompañamiento de Lucia Portos, Lauro Grande y Miguel Funes, Juan Manuel Cheppi, Juan Agustin Debandi, Avelino Ricardo Zurro, Marisol Merquel, Gabriel Godoy, todos Diputados del FpV, elaboraron un Proyecto de Resolución expresando su más profunda preocupación por el escándalo "Panama Papers", en el que se halla involucrado el presidente Mauricio Macri, por la constitución de sociedades offshore. Y en particular con la inacción de la Oficina Anticorrupción que dirige Laura Alonso y el conflicto ético que supone investigar a su líder político.
?
En los fundamentos, el proyecto cita:
La investigación denominada "Panamá Papers", fue impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en ingles) y por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, brindando detalles sobre los negocios de 128 políticos y funcionarios del mundo. En la larga nómina aparecen mencionados decenas de argentinos, entre ellos el más relevante es el de nuestro presidente Mauricio Macri. Esta situación tomo repercusión mundial.
Conocidos estos hechos, el presidente emitió un comunicado justificando el incumplimiento del deber que tenia de declarar su participación en tal sociedad.
La gravedad institucional está dada por tratarse de un Jefe de Estado, que al parecer cuenta con el amparo e impunidad para no ser investigado por los órganos del estado que tienen como principal función la de ejercer un contralor sobre los funcionarios públicos. Como ejemplo, el primer ministro de Islandia se vio obligado a renunciar, luego de quedar en evidencia su participación en sociedades que son instrumentos cuyo único fin es la comisión de actos ilícitos. Un hecho que refleja la notoria parcialidad es que la licenciada Laura Alonso, que ostenta el aparatoso nombre de secretaria de ética pública transparencia y lucha contra la corrupción, cargo que implica la dirección de la oficina anticorrupción, inmediatamente se expresó por las redes sociales justificando al presidente Macri, afirmando que no hay delito en ser directivo de una sociedad de esta naturaleza pues no tiene activos en ella.
Esta afirmación no sólo es impropia de una funcionaria que tiene el deber de investigar al presidente, sino además es incorrecta. Es común que las sociedades de estas características tengan acciones al portador, esto es que su capital accionario no está registrado a nombre de una persona física. Ricardo Nissen, ex titular de la inspección general de justicia y autor reconocido en derecho societario ha dicho respecto de este tipo de sociedades que existen "para delinquir". De esta forma es imposible hacer la afirmación a priori como lo hace la licenciada Alonso. Esto revela que los intereses partidarios le impiden ejercer su deber adecuadamente. Pues mientras enfoca todos los recursos del organismo que conduce en investigar a funcionarios que ya no son parte del gobierno, omite deliberadamente a los que actualmente ejercen el poder. Otro indicio claro de esta parcialidad lo constituye la circunstancia de que fue designada de modo irregular, pues tal cargo exige ser abogado por ley, exigencia que fue modificada por decreto para permitírsele el acceso a la función pública.
Las sociedades offshore son empresas que no registran ninguna actividad económica o comercial real. Si bien no es ilegal tener una firma en un paraíso fiscal, sirve de pantalla a sus dueños para transferir dinero, realizar operaciones financieras, abrir cuentas bancarias en el exterior y realizar operatorias cuyo objetivo es defraudar al fisco en el cobro de los impuestos debidos. Es decir que el solo hecho de ser parte en cualquier nivel en estas sociedades es motivo para que se abra una investigación en la oficina anticorrupción.
Diversos sectores de la oposición, y aun de aliados políticos de Cambiemos, como ser el Frente Renovador, han criticado duramente esta actitud. Entienden que tratándose de un escándalo de estas proporciones, es inaceptable la conducta del presidente Macri y de Alonso. "La Oficina Anticorrupción confunde sus competencias y se convierte en la oficina de defensa de funcionarios y secretos", sostuvo la diputada Margarita Stolbizer (GEN) en su cuenta de Twitter. Lo propio hizo Graciela Camaño, del Frente Renovador, que le respondió en la red social twitter a la funcionaria macrista: "Debés tener la imparcialidad. Tu función no es aclarar porque oscurece. Si todo está bien, fuiste inoportuna".
Recordemos que Alonso había protagonizado otro escándalo hace pocas semanas, cuando defendió los acuerdos secretos entre las petroleras Chevron e YPF. Ella misma había criticado el carácter secreto de los mismos cuando era diputada nacional opositora. La funcionaría dijo, para justificar esa decisión, que "se había informado mejor". Se trata de una irresponsabilidad total y una afrenta al pueblo argentino. Queremos pedirle, que en este caso, también se "informe mejor", por qué es su deber hacerlo, sobre las causas penales que tiene el presidente Macri y la participación en paraísos fiscales, así como también de sus familiares y amigos en contrataciones con la administración pública reñidas con la ética, la transparencia y la lucha contra la corrupción que dice defender.
Un hecho que toma mayor significación a la luz de estos acontecimientos, es la designación como embajador en Panamá de una persona cuya falta de idoneidad para tal cargo es manifiesta, como lo es el actual embajador Del Sel.
En las últimas horas del lunes 4 de abril, se conoció la existencia de una segunda sociedad offshore no declarada en la cual participa el presidente Macri, según reveló el diario Perfil.com. Estos hechos son de una gravedad institucional inusitada, y nos hace preguntarnos si no estamos ante el supuesto del 4to párrafo del artículo 36 de la Carta Magna, esto es, el grave delito doloso contra el Estado que importa la pena de traición a la patria.
Regresar
