(Ámbito.com) Todo surgió en una reunión en el Ministerio de Trabajo donde el ministro Jorge Triaca, su par de Desarrollo social, Carolina Stanley y el presidente del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, recibieron a líderes de las organizaciones sociales CTEP, CCC y Barrios de Pie en donde firmaron un acta con iniciativas para fortalecer medidas de contención para quienes vivan por debajo de la línea de pobreza y para programas sociales, a cambio de suspender las protestas durante los próximos días.
Según pudo saber ámbito.com hasta horas antes de la reunión había dos alternativas sobre la emergencia. La primera era agregar modificaciones al proyecto del FpV que tiene media sanción en el Senado y que generó polémicas porque significaba un costo fiscal de $ 50.000 y la segunda impulsar una iniciativa que venía trabajando Stanley con las organizaciones sociales.
Para poder avanzar en este camino el Gobierno envió a Diputados a los ministros del interior, Rogelio Frigerio y de Hacienda, Alfonso Prat Gay quienes acordaron con la oposición que se levante la sesión especial que pidió el massismo sobre Ganancias y Emergencia y que se aceptara tratar ambos proyecto en extraordinarias.
En ese cónclave asistieron además de los ministros participó el titular de la Cámara baja, Emilio Monzó y por parte de la oposición Sergio Massa, Leonardo Grosso, Mariano Reclade y Axel Kicillof, Graciela Camaño, Oscar Romero y Diego Bossio.
En sincronía el Ejecutivo formalizaba el llamado a extraordinarias hasta el 30 de diciembre para tratar Presupuesto, Ganancias y el nuevo proyecto de Emergencia Social. Con la oposición se consensuó debatir las últimas dos el próximo martes 6, en comisión y tratarlas en la sesión del 14 de diciembre.
Sin embargo, el nuevo proyecto contemplará los principales puntos del que había sido aprobado en el Senado, entre ellos el pago de un salario "complementario" social. Prevé además la creación del Consejo Nacional del Salario que tendrá a cargo del otorgamiento del salario complementario social para lo cual se destinará una partida de 30 mil millones de pesos durante los tres años que regirá la emergencia social.
Con esos fondos se aspira a que se abone el salario complementario para trabajadores informales y cooperativistas de 4.000 pesos, aunque el proyecto aún debe ser redactado. En tanto, el aumento del 15% para la Asignación Universal por Hijo (AUH), que formaba parte del proyecto original sancionada en la Cámara alta, finalmente no estará en el nuevo proyecto, indicó el referente de la CTEP, Esteban Castro.
"Hay un nuevo proyecto consensuado para ser votado el 6 de diciembre y pueda ir al Senado y ser ratificado. Queremos que sea ley este año", sostuvo la diputada Victoria Donda en declaraciones a la prensa en el Congreso. Al respecto, dijo que con el nuevo proyecto de emergencia social "no hay una modificación sustancial" del que se había votado en el Senado y remarcó que "se crean fuentes de trabajo que era lo que se estaba reclamando".
Por otro lado, las organizaciones aceptaron el ofrecimiento del Gobierno en lo que refiere a compensaciones de fin de año, como un bono de $ 2.000 para los trabajadores de cooperativas y elevar el monto de cada plan Argentina Trabaja a la mitad de un salario mínimo, es decir de los actuales $ 3.200 a $ 4.000. A su vez, se abonará un bono de $ 1.000 pesos para cada grupo familiar beneficiario de la Asignación Universal por Hijo (AUH) por hogar, sumando un plus de 250 por cada hijo.
"TERMINARON RECONOCIENDO QUE ERA NECESARIO"
Uno de los impulsores del proyecto inicial fue el senador del FpV, Juan Manuel Abal Medina, quien en diálogo con ámbito.com evaluó la decisión de Cambiemos como una victoria colectiva de los movimientos sociales y las fuerzas políticas de la oposición.
"Me parece que la decisión ratifica todo lo que veníamos diciendo y haciendo nosotros. Es producto de una acción política de las organizaciones y del Senado de la Nación llamando la atención sobre esta cuestión. Nos acusaron y dijeron un montón de disparates de toda naturaleza sobre el proyecto, pero terminaron reconociendo que el planteo era totalmente lógico y necesario", señaló el senador.
Abal Medina no consideró al nuevo proyecto como una imposición del Gobierno. "No es un fracaso. Es claramente un éxito de todas las organizaciones, del Senado con su votación y centralmente de la marcha del viernes pasado, que lograron que desde el Gobierno reconociesen la urgencia de esta ley".
Además, explicó que el nuevo proyecto retoma ampliamente los reclamos planteados en la iniciativa aprobada en el Senado.
"Obviamente es un acuerdo con el oficialismo por lo cual creo que algunas cuestiones no van a ser tomadas en cuenta, pero retoma la necesidad de decretar la emergencia social y ampliar los puestos de trabajo, que eran centrales para nosotros. Ellos decían que era una locura y ahora reconocen que lo van a hacer, así que es un triunfo muy claro de lo que venimos sosteniendo como el camino necesario", agregó.
El senador también se refirió a las implicancias económicas de este proyecto. "Yo siempre dije que más allá de que lo que se votaba era una ley, después el Gobierno tenía que reglamentarla e instrumentarla, de acuerdo a sus capacidades fiscales. Nosotros siempre planteamos que este no era un proyecto irresponsable fiscalmente, ni mucho menos".
"Ahora hablan de $30.000 millones y yo decía que costaba $40.000 millones. Estos 30.000 que ahora plantean ellos, son renovables de acuerdo a la cantidad de cooperativas que se vayan formando, o sea que a lo largo del tiempo se van a ir ampliando", explicó Abal Medina a este medio.
El exjefe de Gabinete reconoció que el camino hacia la aprobación de este proyecto está allanado en ambas cámaras del Congreso: "va a salir sin ninguna duda porque es un contundente triunfo político. Finalmente, el Gobierno va a atender las necesidades de los más humildes y los que menos tienen".
Por último, Abal Medina explicó la importancia de la aprobación de la emergencia social en el contexto político y económico actual del país. "Es necesaria por razones coyunturales que tienen que ver con que toda la población, pero sobre todo los más humildes han perdido ingresos en estos últimos meses con el gobierno de Macri. Los humildes están viviendo mucho peor de lo que vivían hace un año", puntualizó.
Además, agregó que este proyecto busca dignificar a los más humildes porque reconoce todos los tipos de trabajo, incluidos los que se encuadran en cooperativas y en la llamada economía social. "La importancia de este proyecto radica en ir pasando de la cultura del plan social a la cultura del trabajo. Frente a la pobreza estructural que todos los gobiernos de la democracia no lograron resolver, la realidad mundial y los cambios tecnológicos, apuntan a redirigir las políticas sociales para apuntalar a los sectores que más lo necesitan y eso significa dignificar y tratar como trabajadores a personas que de hecho lo son", concluyó.
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