La adhesión de la provincia de Buenos Aires mediante el ministerio de salud que encabeza Zulma Ortiz al protocolo de aborto no punible había sido considerado un paso muy importante y marcaba una posición política interesante del gobierno de María Eugenia Vidal.
Sin embargo, poco después comenzaron a aparecer voces contrarias dentro de su propio gabinete e incluso, Joaquín De la Torre, flamante ministro de la Producción, llegó a decir que Ortiz "se cortó sola". El intendente de San Miguel en uso de licencia pareciera tener más peso en el ánimo de Vidal que la funcionaria elegida para la cartera de salud, porque la mandataria terminó cediendo a los deseos del sector que hizo prevalecer su opinión contraria a cualquier tipo de aborto poniendo por encima de los derechos individuales, las creencias religiosas.
De la Torre no sólo expone a diario su carácter de "católico", sino que está señalado como integrante del Opus Dei.
Pero De la Torre no fue el único en oponerse. También lo hizo Julio Conte Grand, secretario de Legal y Técnica (y aspirante e reemplazar a María del Carmen Falbo al frente de la Procuración General), cuya firma es necesaria para que el protocolo se publique en el Boletín Oficial y se pueda implementar. Conte Grand es otro hombre ligado al conservadurismo eclesiástico.
En Salud, en cambio, consideran que su rúbrica no es indispensable, pero por el momento pareciera que la pulseada no la gana la cartera de Salud.
El gobierno provincial dice ahora que "revisará" la adhesión al protocolo, y una decisión basada en la oposición de sectores vinculados a la Iglesia Católica, fuera y dentro del Gabinete de Vidal.
La resolución 2095, mediante la cual la Provincia "adhirió y adoptó para su aplicación obligatoria en todos los efectores de salud" al Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) planeaba terminar con las barreras de acceso a esta práctica bajo las causales de peligro de vida, en resguardo de la salud de la mujer o cuando el embarazo fuese producto de una violación, a través de procedimientos que, en general, tienen baja complejidad y pueden realizarse en el primer nivel de atención y en forma ambulatoria, según consignó la cartera sanitaria en un parte de prensa.
A pesar de que Vidal no ha declarado públicamente posiciones en contra del aborto y ha abogado por la "libertad de conciencia" de los Diputados para legislar al respecto, la decisión de Ortiz no tuvo ningún tipo de respaldo y estaba virtualmente congelada por la oposición dentro del Gabinete.
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