Algo que ya parece ser una constante en los distintos gobiernos de Cambiemos/Pro, es la creación de oficinas dedicadas a "espiar" las redes sociales. Con el argumento de revisar dichos medios de comunicación con el fin de detectar problemas en las comunidades que gobiernan y la recepción de los ciudadanos de las distintas políticas públicas implementadas, los casos se siguen sumando a distintos niveles de gobierno.

Podría especularse que las causas que originan este comportamiento son la paranoia, el temor de que el clima social se enrarezca producto de medidas antipopulares adoptadas o simplemente miedo a tomar un poco de su propia medicina al creer que pueden armarse protestas en contra del gobierno desde las redes como Facebook o Twitter.

Casos como la "oficina de trolls" de Marcos Peña, encargada del escrache virtual a cualquiera que deslice una crítica al gobierno nacional y muy vinculada a la organización de los cacerolazos contra Cristina Kirchner en años previos; o el caso del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la contratación de espías de redes del sistema educativo; por poner algunos ejemplos.

En este caso, pareciera ser el Municipio de Bahía Blanca el preocupado por "vigilar virtualmente la implementación de sus políticas".

Según consta en el portal Gobierno Abierto, el Intendente Héctor Gay hizo una excesiva contratación de asesores desde su asunción, por un monto de 1.448.006 pesos. Entre ellos figuran muchos funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Macri y varios "community manager". Al respecto, la oposición presentó varios pedidos de informe en el Concejo Deliberante, ninguno respondido por el Departamento Ejecutivo.

Según informa el sitio de noticias www.periodicoatico.com.ar, entre los asesores figura la contratación de una politóloga oriunda de Río Negro para esa dependencia encargada de la obra pública. Se trata de María Lorena Carballo, que en mayo recibió un contrato de 3 meses por 54.600 pesos (18.200 mensuales) para el "desarrollo de proyectos de normativa, diagnóstico de herramientas de participación ciudadana, políticas de descentralización". Por el mismo monto es la contratación de Clara Miguens, dedicada al paisajismo y radicada en Capital Federal, que figura inscripta en la AFIP como prestadora de servicios de arquitectura e ingeniería y servicios técnicos. En LinkedIn se presenta como proyectista en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que encabeza Horacio Rodríguez Larreta. En mayo fue contratada por 3 meses por la misma cantidad de dinero que Carballo para "desempeñar tareas de asesoramiento para la elaboración de bases y evaluación de propuestas de concursos públicos y privados para el espacio público municipal, desarrollar anteproyectos y asesorar sobre normativas destinadas a la reglamentación del uso del espacio público". El mismo convenio se le dio a otro arquitecto radicado en Capital. Se trata de Rodrigo Ruiz Medina, contratado por 3 meses y 54.600 pesos, que al igual que Miguens y Carballo "desempeñará tareas de asesoramiento para el diseño de herramientas para tablero de control de procesos de mantenimiento integral destinados a la gestión pública municipal". Para no ser la excepción, Ruiz Medina es "líder de Proyecto en Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires" en la actualidad y ocupó un cargo similar entre enero de 2012 y diciembre de 2013, cuando el presidente Mauricio Macri era jefe de Gobierno. Otro de los nombres que aparece es el de Silvina Moirano. Según el expediente 2016-410R-554-0-0 fue contratada el 18 de marzo en la Subsecretaría de Planificación para los meses de abril y junio, aunque Gobierno Abierto no muestra órdenes de compra ni figura en la lista de proveedores como el resto de los asesores. Además existe la solicitud de pedido Nº 603 por el cual la comuna bahiense inició el trámite para pagarle un seguro laboral en febrero pasado. En la red LinkedIn, Silvina Moirano se presenta como trabajadora de la Dirección General de Obras Comunales del gobierno porteño desde 2014 a la actualidad. También trabajó en la Dirección General de Regeneración Urbana desde 2011 a 2013, espacios verdes en 2009 y habría comenzado su carrera en el ámbito público como asesora de Proyectos Especiales en 2008.

La figura de asesores también aparece en el Instituto Cultural que encabeza Ricardo Margo. Según Gobierno Abierto, son los que más dinero perciben por la prestación de sus servicios. Se trata de las contrataciones de Matías Monge, Andrea Guerras y Roberto Valverde, quienes acumulan órdenes de compra por 420.100 pesos en lo que va del año. En todos los casos tienen contratos hasta el 30 de septiembre. Valverde suma tres órdenes por 175.000 pesos. En todas para "coordinar y planificar actividades con artistas locales, como también su promoción a nivel municipal, provincial y nacional. Así también organización y coordinación de encuentros interdisciplinarios". Al final de la última orden de compra emitida el 16 de junio se aclara que "el servicio estará autorizado y supervisado por el Director del Instituto Cultural". Es decir, por Margo. Guerras ganó 139.500 pesos por sus tareas de "llevar adelante las relaciones institucionales con entidades del sector público y privado, así como la coordinación y comunicación con las diferentes delegaciones municipales, sociedades de fomento, organizaciones civiles, escuelas, entre otros", según figura en las órdenes emitidas. Por último Monge obtuvo 105.600 pesos por "articular y gestionar con entidades del sector público y privado y otras instituciones, a fin de promover y financiar actividades culturales para la ciudad".

Entrando ya al apartado de los "vigilantes de las redes sociales", éstos fueron contratados por el área Intendencia y Secretaría Privada, en la cual, según Gobierno Abierto, existen 6 cargos de ese tipo. Percibieron 447.000 pesos y fueron contratados para tareas de comunicación, imagen y control de las redes sociales. Entre los pagos se encuentran los realizados a Lionel Russo, que desde diciembre hasta la actualidad obtuvo órdenes de compra por 60.000 pesos para "analizar el comportamiento de usuarios de redes sociales, observar los reclamos y aplicaciones para community manager". Similar es el caso de Pablo Fernández Rozas, que figuraba como asesor en comunicación institucional hasta el 30 de junio para planificar y ejecutar campañas en Facebook y otras redes sociales. Además, hay dos contrataciones por 15.000 pesos mensuales para asesoramiento en comunicación institucional para Daniel Chaparro y Ariel Cóceres. El primero percibió 81.000 pesos en lo que va del año, mientras que el segundo, 51.000. En los pasillos del municipio aseguran que eran jóvenes encargados de la campaña del Pro en las redes. El concejal Martín Salaberry (Frente Unidos por la Libertad y el Trabajo) sospecha que la tarea de los jóvenes es "espiar" a los ciudadanos en Twitter y otras redes.

En el presupuesto municipal, los fondos para los asesores salen de la categoría "Servicios Técnicos y Profesionales", la que sorprendentemente tuvo un incremento interanual de 43%. Es, además, una de las partidas con mayor nivel de ejecución, habiéndose pagado en 6 meses 10 millones de pesos de un total de 53 millones para todo el año. En contraste, el presupuesto para salud sólo fue ejecutado en un 5% del total en lo que va del año.

Fuente: http://www.periodicoatico.com.ar