El conflicto por el acampe en la Plaza principal de la capital jujeña no se termina con la detención de Milagro Sala, al contrario.
La protesta que comenzó por "trabajo" en relación a la continuidad laboral de las cooperativas, derivó ahora en el pedido de liberación de la dirigente social que continúa detenida acusada de "instigación", una causa que inició el gobierno provincial de Gerardo Morales y rápidamente resolvió la justicia jujeña, negándole la excarcelación y el Habeas Corpus que se había interpuesto.
Además de la detención de Sala, también la Justicia ordenó el desalojo de la Plaza, pero por el momento no se llevó a cabo para evitar el uso de la fuerza y que esto generara aun más tensión de la que ya existe en el lugar.
No obstante, al no concretarse la orden de desalojo en la plaza que dispuso el Juez Contravencional, éste podría aplicar tres tipos de sanciones, según explicó el ministro de Seguridad de la provincia de Jujuy, Ekel Meyer. "La primera corresponde a una sanción de multa, la segunda es el cumplimiento de penas comunitarias, y en algunos casos la sanciones de arresto en donde deja de intervenir el Juez Contravencional para pasar a intervención del Juez Correccional Ordinario de la Justicia Civil de la Provincia", señaló.
En los últimos días los manifestantes dieron lugar al levante de la protesta en las calles adyacentes a la Casa de Gobierno provincial y al retiro de menores, luego de ser notificados personalmente.
AMNISTÍA INTERNACIONAL EXIGIÓ LA "INMEDIATA LIBERACIÓN" DE MILAGRO SALA
La organización Amnistía Internacional exigió la "inmediata liberación" de la diputada de Parlasur, Milagro Sala y reclamó que no se criminalice la protesta social.
"Estamos frente a un claro intento de criminalizar las prácticas relacionadas con el ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de expresión", afirmó Mariela Belski, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina a través de un comunicado.
"El uso de leyes penales no puede ser usado para intimidar y amenazar a las organizaciones sociales y silenciar sus reclamos", agregó. La líder de la Tupac Amaru quedó detenida el último sábado, acusada de liderar la ocupación de lugares públicos y de no respetar el plan de regularización de cooperativas decretado por el gobierno jujeño.
MÁS DENUNCIAS
Aunque Milagro Sala se encuentra detenida por "instigación", una figura que de ninguna manera constituye delito que amerite prisión preventiva y que debería haber sido excarcelada inmediatamente, el Gobernador Gerardo Morales siempre se refirió en los medios, a otras acusaciones que no tenían ninguna denuncia judicial. Morales hablaba de "malversación", "Extorsión" y obras no realizadas, entre otras cosas.
Ahora, el gobierno de Jujuy, que evidentemente se planteó "neutralizar" a Milagro Sala y que ésta deje de ser una "amenaza" política para el flamante gobernador que desplazó al peronismo con la ayuda de Mauricio Macri y Sergio Massa, dice que realizará "una ampliación de denuncias" al agente fiscal de Investigación Penal.
Una de las denuncias mencionadas está encabezada por el Fiscal de Estado de la provincia, Mariano Miranda y el presidente del Instituto de Viviendas de Jujuy (Ivuj), Walter Morales y plantea irregularidades en el instituto provincial.
Según ellos, se debe interponer una denuncia a los presidentes de 13 cooperativas de capital "por haber causado perjuicio por fraude a la administración pública, lo que se encuadra en la figura prevista por el artículo 174 inciso 5º del Código Penal".
El gobierno provincial de Morales sostiene que estas 13 cooperativas forman parte conjuntamente con otras entidades similares, de una articulación más grande que las abarca y dirige la Organización Social Tupac Amaru, comandada por Milagro Sala, juntamente con otro grupo de personas que la gobiernan, manejan y operan sus actividades.
La denuncia afirma que esto se trataría, en consecuencia, "de una asociación ilícita cuyo fin es la comisión de delitos, entre ellos el de fraude a la administración pública". Y dada la cantidad de personas y la participación de funcionarios públicos, pretenden aplicar el tipo de la asociación ilícita agravada del artículo 210 bis del Código Penal.
Finalmente la misma denuncia dice que "toda la operatoria a la que se refiere la presente ha sido posible por la participación de funcionarios públicos que integraban esta asociación Ilícita y sin los cuales no hubiera podido lograrse cometer los delitos descriptos".
Estos funcionarios, continua, "son quienes firmaron los convenios de obra y dieron la orden de pago sin respaldo técnico necesario". Por esto se denuncia a Pablo Tolosa, ex vocal social del Instituto de Viviendas de Jujuy y Lucio Abregú, ex presidente del Ivuj.
Al mismo tiempo se denunció a Marta Gutiérrez, jefa de Departamento Administrativo Financiero quien libró los fondos "pese a las irregularidades existentes", sostienen.
El gobierno de Morales aclara además, que "tratándose de funcionarios públicos, se podría recaer además en incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y malversación de caudales públicos".
A estas denuncias se suma la que sostiene que Sala extrajo del banco de 29 millones de pesos, y no estaría asentado su destino final.
Fuente: El Tribuno
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