En las últimas semanas, el Movimiento de Punta Querandí, una región de enorme valor cultural y arqueológico en el norte del Conurbano, denuncia la "decisión política" de negarles información sobre la ubicación de unos 100 esqueletos excavados en sitios de la zona comprendida por los distritos de Tigre, Escobar y Campana.
La postura es crítica de las autoridades municipales históricamente, pero también apuntan a la Gobernación bonaerense.
"Funcionarios bonaerenses no quieren informar sobre la ubicación de más de 100 esqueletos humanos", aseguraron en un documento.
El comunicado, con los planteos:
Repudiamos también que nos nieguen la información de los estudios de impacto arqueológicos que están siendo financiados por las empresas de barrios privados en la zona norte. Algunos emprendimientos inmobiliarios comenzaron a financiar estos estudios a partir de la lucha de Punta Querandí, pero cuestionamos el modo en que se llevan a cabo y la manera en que son aprobados por las autoridades.
Los responsables de este ocultamiento son los funcionarios bonaerenses Marian Farías Gómez y Fernando Oliva, de la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural y del Centro de Registro del Patrimonio Arqueológico.
Hacemos este comentario luego de recibir la contestación al petitorio que habíamos presentado en La Plata a comienzos de octubre. En breve difundiremos la respuesta completa.
En nuestro petitorio, del 7 de octubre, afirmamos: "El Centro de Registro también es responsable de no facilitar información sobre la ubicación de más de un centenar de cuerpos humanos excavados en sitios arqueológicos. El 28 de diciembre de 2011 solicitamos información precisa sobre los restos materiales y óseos extraídos del sitio arqueológico Garín, así como sobre la existencia de otros restos humanos recuperados en sitios sagrados de la región".
Y resaltamos que ya hace cuatro años "comunicábamos que habíamos iniciado el proceso para que sean reenterrados los restos esqueletarios del sitio Garín según las costumbres ancestrales en su territorio de origen".
Sin embargo, tanto en el 2011 como ahora, la decisión política fue ocultar la información sobre la ubicación de los restos humanos.
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