El Jurado presidido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Daniel Soria, consideró "admisible" las denuncias presentadas por organismos de derechos humanos contra el accionar de los funcionarios judiciales, cuestionados por la familia por "demorar y entorpecer" la búsqueda del joven.
Se trata de las fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas Martín y el juez de Garantías Gustavo Banco, del Departamento Judicial La Matanza, quienes dirigieron la infructuosa búsqueda de Arruga.
Según la denuncia, la fiscal Cejas Martín y el juez Banco son acusados de ordenar y autorizar escuchas telefónicas contra la familia de Luciano Arruga durante 1 año y cuatro meses, entre abril de 2009 hasta fines de agosto de 2010. En tanto, la fiscal Castelli está acusada de "distraer el expediente y delegar la pesquisa en los propios policías del destacamento". La misma fue apartada en 2009 por la falta de avances en la causa judicial.
A partir de la declaración de "admisibilidad" de la denuncia se abrirá un sumario que será instruido por el titular de la secretaría permanente de Enjuiciamiento de Magistrados, Ulises Giménez, quien tendrá 90 días para recolectar las pruebas necesarias y elevarlas a la consideración del Jurado, procedimiento que demorará la decisión sobre el futuro de los magistrados hasta el año próximo.
La denuncia contra los magistrados fue presentada por los familiares de Arruga, patrocinados por el CELS y la APDH La Matanza.
Los organismos de Derechos Humanos señalaron que la denuncia se centró en "las gravísimas faltas de la causa judicial que estuvo más de cuatro años sin darle a la familia ninguna respuesta sobre el paradero de Luciano y lo que había sucedido con él".
"La decisión de no investigar la participación policial quedó en evidencia desde el primer momento en que se dejó a la Policía Bonaerense manejar el caso. La causa estuvo plagada de pistas falsas y de acciones de entorpecimiento", se indicó.
En tanto, el CELS indicó que "el proceso de juicio político que se abre con la decisión de hoy será fundamental para ver si el sistema político provincial le exige al Poder Judicial criterios de actuación claros de protección de los derechos humanos para enfrentar las prácticas arraigadas de violencia policial".
Luciano Arruga desapareció el 31 de enero de 2009 en Lomas del Mirador, localidad del partido de La Matanza. El joven tenía 16 años y vivía en el Barrio 12 de octubre. Según testigos, el día de su desaparición fue interceptado por un patrullero y trasladado a un destacamento policial dependiente de la Comisaría 8°.
El libro en el que se anotaba el ingreso de los detenidos fue adulterado y del nombre de Luciano no quedó registro. Un año antes, el joven había sido detenido y torturado en la misma comisaría, causa que continuó su curso judicial tras la desaparición del joven.
En febrero de 2014, después de que se cumplieran cuatro años, la causa, que estuvo caratulada como "averiguación de paradero" pasó a la justicia Federal y comenzó a investigarse como "desaparición forzada de persona".
En julio de 2014, los jueces de la Sala IV de Casación Penal hicieron lugar a un pedido de Hábeas Corpus y ordenaron profundizar la búsqueda. Como resultado de ello, el 17 de octubre el cuerpo de Arruga fue hallado a través del cotejo de sus huellas dactilares. Estaba enterrado como NN en el Cementerio de la Chacarita, presuntamente víctima de un accidente de tránsito, aunque la familia y los organismos de Derechos Humanos creen que el siniestro se produjo en circunstancias extrañas y exigen investigar a los policías que actuaban en el destacamento de Lomas del Mirador, acusados por haber torturado al joven en otra oportunidad.
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