El diputado bonaerense del Frente Amplio UNEN, Abel Buil, sorprendió a más de uno y anticipó que apoyará el proyecto de Autarquía Financiera del Poder Judicial presentado por Daniel Scioli esta semana, en una iniciativa que cambiará la relación de esa esfera con la Gobernación porque de ahora en más -surge del articulado- permitirá que la Corte Suprema disponga de su propio presupuesto y defina los aumentos salariales por su cuenta.
"Uno de los pilares de una Justicia independiente es no estar subordinada en su desempeño a las decisiones del otro poder, incluso en el plano económico y financiero", observó el legislador y pidió "garantizar la división de poderes".
Y manifestó que "así como la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene presupuesto propio, también lo debería tener el máximo tribunal en la Provincia de Buenos Aires" del mismo modo. "La autarquía financiera del Poder Judicial es necesaria también porque de esa manera se podrían poner en funciones los nuevos cargos que se crearon en los últimos años", acotó.
"Pero principalmente se podrían poner en marcha nuevos cuerpos que van a mejorar el funcionamiento de la Justicia, como lo es la Policía Judicial, o el Juicio por Jurados", siguió el legislador provincial.
Cabe recordar que el proyecto fue firmado y mandado a la Legislatura a comienzos de semana, más precisamente el lunes.
En esencia, la Corte Suprema provincial, en conjunto con el Ministerio Público, tendrá el imperativo de elaborar el presupuesto del Poder Judicial que, además, será incorporado a los cálculos de recursos y gastos realizados por la propia provincia cada año, sin modificaciones, a la hora de confeccionar la ley de leyes. En ese sentido, el artículo 3 establecerá la forma en que todo el aparato judicial será financiado.
Ese artículo, en concreto, menciona que el monto presupuestado resultará de aplicar el 8,95 por ciento sobre el total que arroje la suma de los recursos bonaerenses, sean de origen propio o de jurisdicción nacional en cada ejercicio. También explica que el porcentaje aludido equivale a "un 7 por ciento del total de las erogaciones, gasto o inversiones por cualquier concepto, fuente u origen".
El proyecto, no obstante, aclara que el 8,95 por ciento será alcanzado recién en 2019, cuatro años después que Scioli deje calle 6. La idea es sumar gradualmente hasta llegar a ese monto.
El texto también deja en manos del tribunal el imperativo de negociar los aumentos salariales, no sólo de los jueces y sus secretarios sino, en general, de todo el personal de los tribunales bonaerenses. Es decir, ni más ni menos que los empleados judiciales nucleados -en su mayoría- en el combativo gremio AJB, de la CTA disidente, que viene de un paro para exigir la Porcentualidad Salarial. Y pone como imperativo llegar a una "gradual y progresiva relación con las remuneraciones promedio de la Justicia nacional para todo el personal".
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