El Sindicato de Policía de Buenos Aires (Sipoba) denunció penalmente al ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, por los delitos de "Incumplimiento a los Deberes de Funcionario Público y Encubrimiento" en relación al escándalo de los sobres hallados en la Jefatura Departamental de La Plata y el robo al intendente Julio Garro, por el que está detenido un agente de la fuerza.
La denuncia fue presentada por el titular del gremio, Nicolás Masi, quien sostiene que la permanencia en el cargo de la cúpula de la Departamental y de los jefes de las comisarías implicadas, constituye un "encubrimiento del dispositivo recaudatorio ilegal". El texto hace referencia al hallazgo de 36 sobres con 155 mil pesos en la Jefatura de la capital bonaerense, que terminó con el titular, Darío Camerini, desplazado y otros agentes imputados, pero mantuvo en el cargo al titular de la departamental allanada y a la totalidad de los jefes de las comisarías de La Plata de las que se supone, provenían los sobres.
"Es el ministro de Seguridad de la provincia quien debió a lo menos alejar preventivamente de sus funciones a la totalidad de los implicados, ello extensivo a los titulares de todas las comisarías dependientes de la jefatura allanada", sostiene la presentación judicial. En ese sentido, se advierte que "la permanencia favorece la impunidad, el desvío y la eliminación de huellas y elementos de compromiso, con la finalidad de mantener el status quo delictivo".
Pero además, SIPOBA hace hincapié en algo que es fundamental. "La corrupción policial en modo alguno importa un fenómeno individual; se trata de la institucionalización de procederes delictivos con fines recaudatorios en beneficio no sólo de estamentos de la fuerza, sino también del Poder político de turno, por encima de cualquier poder político", sostiene.
La denuncia plantea también, que existe "pobreza presupuestaria, condiciones laborales oprobiosas, la falta de medios de trabajo adecuados, ausencia de capacitación profesional, desmejora notoria del salario y las condiciones de vida familiar del policía son el caldo de cultivo creador de esta funcionalidad pro activa del delito de individuos disfrazados de azul".
Por otra parte, Masi también sostiene que "la sindicalización policial y organización de las bases de policías de baja jerarquía resultan ser el antídoto contra pingües negocios que el poder político no quiere erradicar".
"No puede obviarse que por cuestiones mucho menores, como lo serían un accidente vial hasta un altercado con un vecino, los policías de menor jerarquía son sancionados con severidad. En este caso, el Ministerio de seguridad de la policía debió al menos alejar preventivamente de sus funciones a la totalidad de los implicados", remarca también.
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