El avance de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei estuvo acompañado por un clima de fuerte conflictividad social. Mientras la Cámara de Diputados debatía el proyecto, distintos gremios y organizaciones sindicales protagonizaron protestas y medidas de fuerza en rechazo a la iniciativa.
Las centrales obreras sostienen que el proyecto implica una flexibilización de las condiciones laborales y una pérdida de derechos históricos conquistados por los trabajadores. Según denunciaron, la reforma permitiría jornadas más largas, cambios en el sistema de indemnizaciones y mayores restricciones al derecho de huelga.
La discusión parlamentaria se dio además luego de una jornada de paro convocada por sectores sindicales que buscaban presionar al Congreso para frenar la aprobación del proyecto. Aun así, el oficialismo logró avanzar con la iniciativa en la Cámara baja.
Desde el movimiento obrero advirtieron que continuarán las medidas de protesta si el Congreso avanza con la sanción definitiva de la reforma, mientras que desde la oposición política también cuestionaron el rumbo económico del Gobierno y su impacto en el empleo y los salarios.
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