La agenda económica y política nacional quedó atravesada en las últimas horas por un escándalo en torno al Índice de Precios al Consumidor (IPC), luego de que se conocieran presiones del Gobierno nacional sobre el INDEC, declaraciones públicas del ministro de Economía y la renuncia de Marco Lavagna a la conducción del organismo estadístico.
La polémica se desató tras la decisión oficial de postergar la presentación de una nueva metodología del IPC, que iba a ser anunciada como reemplazo del índice vigente. La medida fue interpretada por distintos sectores como una interferencia directa del Poder Ejecutivo sobre un organismo que cuenta con autarquía técnica y que, desde su normalización, había recuperado credibilidad institucional.
En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, realizó declaraciones en las que defendió la necesidad de "sincerar" la medición de la inflación, lo que profundizó las críticas y abrió un fuerte debate político. Desde la oposición y ámbitos técnicos se advirtió que no es el Ejecutivo quien debe definir ni condicionar los criterios metodológicos del INDEC, y que cualquier cambio debe responder exclusivamente a parámetros estadísticos y profesionales.
Horas después, se confirmó la renuncia de Marco Lavagna, quien se desempeñaba como director del INDEC. La salida fue leída como una consecuencia directa del conflicto y como una señal de alerta sobre la pérdida de independencia del organismo.
El episodio reavivó recuerdos de etapas pasadas de manipulación estadística y generó preocupación en sectores políticos, sindicales y económicos, que remarcaron la importancia de contar con datos confiables y transparentes para la toma de decisiones públicas, la negociación salarial y el análisis de la realidad económica.
Más allá de la discusión técnica, el conflicto puso en evidencia una crisis institucional en torno a la credibilidad de los indicadores oficiales, en un contexto donde la inflación continúa siendo una de las principales preocupaciones sociales y económicas del país.
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