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Con el inicio de febrero y la proximidad del período ordinario de sesiones, el Gobierno nacional volvió a poner en agenda el intento de avanzar con una reforma laboral. Desde el Ejecutivo que encabeza Javier Milei sostienen que los cambios apuntan a "modernizar" el mercado de trabajo y fomentar la creación de empleo formal.

Las iniciativas que se analizan incluyen modificaciones en los esquemas de contratación, el sistema de indemnizaciones y el rol de los convenios colectivos. Funcionarios nacionales aseguran que el actual marco laboral "desalienta la inversión y la generación de puestos de trabajo", y plantean la necesidad de un nuevo marco normativo.

Desde la oposición y el movimiento sindical, en cambio, alertan que una reforma de estas características podría implicar una pérdida de derechos laborales y una mayor precarización del empleo. Dirigentes gremiales ya anticiparon resistencia y reclaman que cualquier discusión se dé en el marco del diálogo social y parlamentario.

El Congreso aparece como el escenario central de la disputa política, en un contexto de receso legislativo que comienza a quedar atrás. La reforma laboral se perfila así como uno de los debates más sensibles del primer semestre, con impacto directo en el mundo del trabajo y en la agenda social del país.
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