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El Gobierno de Javier Milei modificó el mecanismo de la Tarifa Social SUBE y congelará, en los hechos, una parte del beneficio que reciben jubilados, pensionados, trabajadores de casas particulares, beneficiarios de programas sociales y otros sectores vulnerables.

El descuento seguirá siendo formalmente del 55%. Pero ya no se aplicará necesariamente sobre el precio real del boleto que paguen los usuarios.

La Nación tomará como base una "tarifa de referencia" y calculará el beneficio sobre ese valor. Si una provincia o un municipio aumenta el transporte por encima de esa cifra, la diferencia deberá ser afrontada íntegramente por el pasajero.

El cambio implica que el descuento puede perder peso cada vez que suba el boleto.

Hasta ahora, un usuario alcanzado por la Tarifa Social pagaba el 45% del valor vigente. Con el nuevo esquema, la ayuda nacional queda atada a una referencia definida por el Gobierno central y no a la tarifa efectiva establecida en cada jurisdicción.

La modificación impacta especialmente en los sectores de menores ingresos, que dependen del transporte público para trabajar, estudiar o realizar trámites y que ya vienen sufriendo fuertes aumentos en los últimos años.

El argumento del Gobierno es que la Nación no debe hacerse cargo de los incrementos decididos por provincias y municipios. Pero el resultado concreto es que una parte cada vez mayor del costo del transporte será trasladada a los pasajeros.

La medida se inscribe en la política de reducción de subsidios impulsada por la administración de Milei.

Desde el inicio de la gestión libertaria, el transporte público registró aumentos muy superiores a los ingresos de buena parte de la población. Al mismo tiempo, el Gobierno nacional recortó transferencias y avanzó en un esquema que obliga a las provincias y municipios a asumir una mayor parte del financiamiento del sistema.

Ahora, el congelamiento de la base sobre la que se calcula la Tarifa Social agrega un nuevo problema.

El beneficio no desaparece. Pero puede ir perdiendo valor.

Si el precio del boleto aumenta y la tarifa de referencia nacional queda retrasada, el descuento efectivo será cada vez menor respecto de lo que el usuario realmente debe pagar.

El cambio golpea a quienes más necesitan la ayuda estatal.

Entre los beneficiarios de la Tarifa Social se encuentran jubilados y pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo, trabajadores de casas particulares, monotributistas sociales, veteranos de Malvinas y beneficiarios de distintos programas sociales.

Para todos ellos, el transporte representa una parte importante de los gastos cotidianos.

La decisión vuelve a mostrar una característica del programa económico del Gobierno nacional: beneficios que formalmente continúan vigentes, pero que pierden peso a medida que los valores de referencia quedan por detrás de los precios reales.

El descuento seguirá llamándose 55%.

Pero si la tarifa sube y la ayuda queda congelada, los pasajeros terminarán pagando cada vez más.
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