La Corte Suprema dejó firme la medida cautelar que obliga al Gobierno de Javier Milei a comenzar a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y le dio un nuevo respaldo judicial al reclamo que las universidades públicas sostienen desde hace más de dos años.
El máximo tribunal rechazó el recurso presentado por el Poder Ejecutivo contra la decisión que ordenaba actualizar las partidas destinadas a salarios y becas mientras continúa la discusión judicial de fondo.
La resolución fue firmada por los tres integrantes de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Los jueces desestimaron el planteo del Gobierno al considerar que estaba dirigido contra una medida cautelar que no constituye una sentencia definitiva. En consecuencia, quedó vigente la orden que obliga al Ejecutivo a comenzar a cumplir con los artículos de la ley vinculados con la actualización de los salarios de docentes y no docentes y de las becas estudiantiles.
El fallo representa una nueva derrota para el Gobierno en una disputa que comenzó en el Congreso y continuó en los tribunales.
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso después de meses de reclamos y multitudinarias movilizaciones en defensa de la educación pública. Milei la vetó, pero ambas cámaras rechazaron el veto presidencial con mayorías especiales y ratificaron su vigencia.
A pesar de eso, el Gobierno se negó a aplicarla.
El Ejecutivo dictó un decreto que suspendió su ejecución hasta que el Congreso determinara de dónde debían salir los recursos necesarios para financiarla. Las universidades consideraron que esa decisión desconocía una ley vigente y recurrieron a la Justicia.
Los tribunales les dieron la razón.
En primera y segunda instancia se dictaron medidas cautelares que ordenaron al Gobierno comenzar a aplicar parte de la ley mientras se resuelve la cuestión de fondo. La administración de Milei llevó entonces la discusión hasta la Corte Suprema.
Ahora, el máximo tribunal rechazó su planteo.
La decisión fue celebrada por las autoridades universitarias.
"Fue la alegría de saber que esta lucha de dos años valió la pena", afirmó el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti.
El dirigente universitario destacó que el fallo no sólo representa un alivio para las casas de estudio, sino también una señal institucional frente a la decisión del Poder Ejecutivo de no cumplir una ley sancionada por el Congreso.
La crisis universitaria se profundizó desde el inicio del gobierno de Milei. Las universidades denunciaron una fuerte pérdida de recursos, mientras los salarios de docentes y trabajadores quedaron muy por debajo de la inflación.
El conflicto generó algunas de las movilizaciones más numerosas contra el Gobierno nacional.
En las calles, estudiantes, docentes, trabajadores, rectores y familias reclamaron durante más de dos años que el Ejecutivo garantizara los recursos necesarios para sostener el funcionamiento del sistema público de educación superior.
En las últimas semanas, el Gobierno había acordado con las universidades un aumento salarial del 24% y mejoras en algunas partidas. Pero las autoridades académicas advirtieron que esas medidas eran insuficientes y mantuvieron el reclamo para que se aplicara la ley completa.
La decisión de la Corte fortalece ahora esa posición.
La discusión todavía no terminó. Queda pendiente la resolución judicial sobre la cuestión de fondo y el Gobierno deberá definir cómo cumplirá con la medida cautelar.
Pero la resolución marca un límite político e institucional.
Milei vetó la ley. El Congreso rechazó su veto. El Gobierno intentó suspender su aplicación por decreto. La Justicia ordenó cumplirla y la Corte Suprema dejó firme esa decisión.
Después de más de dos años de ajuste, protestas y marchas multitudinarias, las universidades obtuvieron una victoria clave.
Ahora falta lo más importante: que el Gobierno cumpla.
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