La creación de policías municipales volvió al centro de la agenda política bonaerense. La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados reactivó el debate y se propone avanzar en la unificación de distintos proyectos que buscan otorgarles a los intendentes mayores herramientas para intervenir en la prevención del delito.
La discusión no parte de cero. En los últimos meses, jefes comunales de distintos espacios políticos reclamaron cambios en el actual sistema de seguridad y coincidieron en la necesidad de que los municipios tengan mayor capacidad de decisión sobre las fuerzas que trabajan en sus territorios.
Ahora, ese reclamo vuelve a la Legislatura.
La Comisión de Seguridad y Asuntos Penitenciarios, presidida por el diputado Carlos Puglelli, puso la creación de las policías municipales entre las prioridades de su agenda y buscará encontrar puntos de acuerdo entre las distintas iniciativas presentadas.
El consenso existe sobre la necesidad de discutir un nuevo modelo. Las diferencias aparecen a la hora de definir hasta dónde llegará la autonomía municipal.
Uno de los proyectos propone crear Policías Comunales con dependencia orgánica y funcional de los gobiernos locales, especialmente en los distritos de menor población. El esquema contempla una estructura propia de conducción y Centros de Operaciones Municipales encargados de coordinar el despliegue territorial.
La propuesta busca que los intendentes tengan capacidad real para definir estrategias de prevención de acuerdo con las características de cada distrito.
Ese es uno de los principales argumentos de los jefes comunales: los municipios conocen el territorio, reciben de manera directa los reclamos de los vecinos y ya destinan una parte importante de sus recursos a cámaras, centros de monitoreo, móviles, combustible, iluminación y prevención.
Sin embargo, en muchos casos no tienen poder de decisión sobre los efectivos policiales que trabajan en sus ciudades.
La discusión sobre las policías municipales intenta modificar esa situación.
El desafío será definir cómo convivirán las nuevas fuerzas con la Policía Bonaerense, qué facultades tendrán, quién se hará cargo de su financiamiento y cuál será el alcance de la conducción política de los intendentes.
También deberá resolverse uno de los puntos más sensibles: si los agentes municipales podrán portar armas y en qué condiciones.
Las distintas iniciativas que circulan en la Legislatura plantean modelos diferentes. Algunas proponen fuerzas con mayor autonomía y dependencia directa de los municipios. Otras buscan reforzar el rol local en la prevención, pero manteniendo una articulación más estrecha con la estructura provincial.
La reactivación del debate coincide con la reforma de la Ley de Seguridad Pública que impulsa el gobierno de Axel Kicillof y con una serie de encuentros entre intendentes bonaerenses para discutir el futuro del sistema.
La seguridad se convirtió en uno de los principales reclamos de los gobiernos locales, más allá de las diferencias partidarias. Intendentes del peronismo, el radicalismo, el PRO y otros espacios coinciden en que el esquema actual necesita cambios.
El punto de discusión ya no parece ser si los municipios deben tener un papel más importante.
La verdadera disputa será definir cuánto poder tendrán.
La Legislatura vuelve ahora a discutir una reforma que puede modificar de manera profunda el sistema de seguridad bonaerense: pasar de municipios que invierten y responden políticamente ante los vecinos, pero tienen facultades limitadas, a gobiernos locales con capacidad efectiva para conducir parte de la política de seguridad en sus territorios.
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