La decisión del Gobierno nacional de retirar del Senado el pliego de la abogada María Verónica Michelli, candidata a ocupar un cargo como jueza federal en La Plata, desató una fuerte controversia política y judicial que se extendió más allá del Congreso. La medida fue interpretada por distintos sectores como un nuevo capítulo en la confrontación del oficialismo con la prensa y abrió un debate sobre los criterios utilizados para la designación de magistrados.
Michelli, funcionaria judicial con más de tres décadas de trayectoria, había sido propuesta por el propio Gobierno para integrar el Tribunal Oral Criminal Federal N° 3 de La Plata. Sin embargo, el Poder Ejecutivo solicitó el retiro de su pliego luego de que trascendiera que es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, uno de los principales investigadores de causas vinculadas al Gobierno nacional.
La decisión generó incomodidad incluso dentro del oficialismo. La senadora Patricia Bullrich expresó públicamente su desacuerdo con la medida y anticipó que no acompañaría el retiro del pliego. Su postura expuso diferencias internas en La Libertad Avanza y provocó una nueva tensión entre sectores del espacio gobernante.
Desde la oposición cuestionaron el intento de frenar la designación por razones ajenas a la capacidad profesional de la candidata y advirtieron sobre los riesgos institucionales de vincular postulaciones judiciales con relaciones familiares o posicionamientos periodísticos. A su vez, el fiscal federal Guillermo Marijuan impulsó una presentación para que se investigue si la medida pudo constituir un acto de discriminación.
El conflicto escaló en el Senado, donde distintos bloques rechazaron el pedido oficial y finalmente aprobaron la designación de Michelli con una amplia mayoría. La votación fue interpretada como un revés político para la Casa Rosada y una señal de autonomía de la Cámara alta frente a la decisión presidencial.
La controversia se produjo en medio del proceso impulsado por el Gobierno para cubrir decenas de vacantes en juzgados, fiscalías y defensorías de todo el país, una estrategia que busca reducir el elevado número de cargos judiciales sin cubrir. Sin embargo, el caso Michelli terminó desplazando el debate técnico sobre las designaciones y puso en el centro de la escena la relación entre el poder político, la Justicia y la libertad de prensa.
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