Miles de personas se movilizaron frente al Congreso de la Nación en una nueva edición de Ni Una Menos, al cumplirse once años de la histórica marcha que en 2015 instaló en la agenda pública la problemática de la violencia machista en la Argentina. La convocatoria se replicó en distintas ciudades del país y estuvo marcada por el reclamo de justicia por los recientes femicidios de Agostina Vega, Dulce María Beatriz Candia y Noelia Carolina Romero.
La concentración principal comenzó durante la tarde en Plaza Congreso y reunió a organizaciones feministas, sindicales, sociales, estudiantiles y de derechos humanos. Durante el acto central se leyó un documento en el que se denunció el avance de la violencia de género y se cuestionó el recorte de programas y organismos estatales destinados a la protección de mujeres y diversidades.
Las organizaciones convocantes señalaron que la movilización se produjo en un contexto de fuerte conmoción social por el asesinato de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada asesinada en Córdoba, un caso que volvió a poner en debate la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y acompañamiento a las víctimas.
Según datos difundidos por el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, entre junio de 2015 y mayo de 2026 se registraron al menos 3.205 víctimas letales de violencia de género en el país. Las organizaciones advirtieron que, pese a los avances logrados durante la última década, la problemática continúa siendo una deuda estructural de la democracia.
En el documento leído frente al Congreso, el colectivo Ni Una Menos sostuvo que el actual contexto político está atravesado por un "desmantelamiento" de las herramientas estatales destinadas a combatir la violencia de género y denunció el cierre de áreas especializadas, así como la reducción de presupuestos para programas de asistencia.
A once años de aquella primera convocatoria nacida tras el femicidio de Chiara Páez, la consigna volvió a resonar en las calles de todo el país. El reclamo sigue siendo el mismo: que ninguna mujer más sea víctima de la violencia machista y que el Estado garantice políticas públicas capaces de prevenir, asistir y proteger.
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