Intendentes del oficialismo bonaerense comenzaron a presionar para que la Provincia avance en la creación de policías municipales, en medio de la discusión por una reforma integral del sistema de seguridad que el gobernador Axel Kicillof prometió enviar a la Legislatura. La iniciativa apunta a otorgarles mayor injerencia a los municipios en tareas de prevención y control territorial frente al crecimiento de la demanda social por seguridad.

El debate volvió a instalarse luego de que el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmara que el Ejecutivo trabaja en proyectos para modificar la Ley de Seguridad Pública y redefinir el rol de los municipios en el esquema policial. "La idea es ordenar", sostuvo el funcionario, al explicar que muchos distritos ya sostienen centros de monitoreo, móviles y estructuras preventivas sin un marco legal específico.

En ese contexto, distintos sectores del peronismo comenzaron a mover propuestas propias. Por un lado, el diputado kicillofista Leonardo Moreno impulsa una Policía Municipal de Proximidad, limitada a funciones preventivas y coordinada con la Provincia. En paralelo, el massista Carlos Puglelli presentó un proyecto para crear Policías Comunales con mayor autonomía operativa y dependencia directa de los intendentes.

La discusión no es nueva en territorio bonaerense. Ya durante la gestión de Daniel Scioli se impulsaron modelos de policías locales y comunales, aunque luego fueron absorbidos por la Policía Bonaerense durante el gobierno de María Eugenia Vidal.

Ahora, varios municipios volvieron a poner el tema sobre la mesa. Uno de los casos más avanzados es el de Morón, donde el intendente Lucas Ghi ya trabaja en la conformación de una Policía Municipal con fuerte anclaje territorial. El distrito comenzó entrevistas y capacitaciones para aspirantes, mientras coordina protocolos junto al Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad provincial.

Desde los municipios argumentan que actualmente gran parte del esfuerzo operativo en seguridad recae sobre las comunas, que financian cámaras, combustible, patrulleros y centros de monitoreo, pero sin capacidad formal de conducción sobre las fuerzas policiales. Por eso buscan que la futura reforma contemple herramientas concretas de gestión local.