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El golpe más fuerte llegó desde Tucumán. El gobernador Osvaldo Jaldo, que había sido clave para aprobar leyes del oficialismo, se desmarcó y rechazó de plano la iniciativa. "Es una herramienta de ordenamiento dentro de los partidos políticos", defendió sobre las primarias, y advirtió: "Eliminarlas es en perjuicio de todos los partidos, pero fundamentalmente de los ciudadanos".

Jaldo fue más allá y cuestionó la intención política del proyecto: "El gobierno nacional está intentando hacerse un traje a medida en materia electoral".

Su postura no es menor: responde a un esquema legislativo propio que incluye diputados y senadores, claves para cualquier votación ajustada.
En paralelo, también se resquebraja el apoyo del bloque de gobernadores dialoguistas. En el Senado, una senadora alineada con el gobernador salteño Gustavo Sáenz tampoco acompañaría la eliminación de las PASO, lo que complica aún más el escenario para la Casa Rosada.

El problema para el oficialismo es matemático y político. Para modificar el régimen electoral se requiere mayoría absoluta en ambas cámaras -37 senadores y 129 diputados-, números que hoy el Gobierno no tiene garantizados.

Con apenas 21 senadores propios y sin una coalición sólida, el Ejecutivo depende de aliados provinciales que ahora empiezan a tomar distancia.
Además, el rechazo no se limita al peronismo. Sectores de la UCR y otros bloques también expresaron dudas, lo que deja al proyecto en una situación de alta fragilidad.

En ese contexto, la iniciativa de eliminar las PASO -uno de los ejes de la reforma política impulsada por Milei- vuelve a enfrentar el mismo obstáculo que en intentos anteriores: la falta de consensos para reunir los votos necesarios.

El resultado, por ahora, es claro: el Gobierno impulsa la reforma, pero el Congreso no le responde. Y sin los gobernadores, la mayoría parece cada vez más lejos.

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