El gobierno de Javier Milei decidió anular las acreditaciones de todos los periodistas que cubren habitualmente la Casa Rosada y cerrar el acceso a la sala de prensa, en una medida sin antecedentes recientes que profundiza la tensión con los medios.
Según trascendió, la decisión incluyó la desactivación del sistema de ingreso por huella dactilar que permitía el acceso diario de cronistas y corresponsales, dejando sin cobertura presencial uno de los principales ámbitos de funcionamiento del Poder Ejecutivo.
El argumento oficial apuntó a una supuesta cuestión de "seguridad nacional", luego de que se denunciara a dos periodistas por haber filmado dentro del edificio sin autorización.
Sin embargo, la medida fue leída por distintos sectores como un endurecimiento en la relación del Gobierno con la prensa, en un contexto donde ya se venían registrando restricciones parciales y fuertes cuestionamientos públicos del propio Presidente hacia periodistas.
De acuerdo a lo publicado por La Política Online, la decisión se tomó en un clima interno de fuerte tensión y sospechas dentro de la Casa Rosada, donde el oficialismo avanzó directamente con la suspensión general de acreditaciones y el cierre del espacio destinado a la cobertura periodística.
El antecedente inmediato fue la denuncia contra un equipo del canal TN, acusado de registrar imágenes en pasillos del edificio con dispositivos no autorizados. A partir de ese episodio, el Gobierno resolvió ampliar la restricción a todos los trabajadores de prensa.
Organizaciones periodísticas y trabajadores acreditados advirtieron que la medida implica una limitación directa al acceso a la información pública y al control democrático sobre los actos de gobierno.
En esa línea, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) calificó la decisión como una acción de "extrema gravedad institucional" que afecta las condiciones básicas para el ejercicio del periodismo.
Además, periodistas que cubren habitualmente la Casa Rosada señalaron que no hubo comunicación oficial clara sobre la medida y que se enteraron al intentar ingresar, lo que refuerza las críticas sobre la falta de transparencia.
El conflicto se inscribe en una escalada más amplia entre el Gobierno y los medios, marcada por denuncias, descalificaciones públicas y restricciones progresivas al trabajo periodístico.
En ese contexto, la decisión de cerrar el acceso a la Casa Rosada no solo impacta en la dinámica cotidiana de la cobertura política, sino que abre un debate de fondo sobre el rol de la prensa y el derecho de la sociedad a estar informada en un sistema democrático.
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