Lunes, 10 de Mayo de 2021

La Comisión por la Memoria recuerda la masacre de Magdalena

En octubre de 2005, hace exactamente 10 años, 33 personas fueron encerradas dentro del Pabellón de la Unidad Penitenciaria 28, que estaba en llamas. Murieron y, una década más tarde, las responsabilidades no fueron esclarecidas. La Comisión Provincial por la Memoria pide justicia.

16-10-2015



El 16 de octubre del 2005, 33 personas fueron encerradas en un pabellón prendido fuego por decisiones de las autoridades encargadas de custodiarlos.

Murieron quemadas y asfixiadas en el incendio desatado dentro del Pabellón 16 de la Unidad Penitenciaria 28, de Magdalena.

Los responsables materiales y políticos aun no fueron condenados. Al cumplirse 10 años de la masacre, la Comisión Provincial por la Memoria realiza un acto con familiares de las víctimas, sobrevivientes y otras organizaciones patrocinantes (como el CELS y la CIAJ) para exigir justicia, reclamar la preservación de los derechos y la integridad de los presos.

El informe completo de la CPM:

En la noche del 15 de octubre de 2005, personal del Servicio Penitenciario Bonaerense y de la División Canes ingresaron al pabellón 16 portando escopetas con munición antitumulto para responder a una discusión entre dos internos. Los agentes dispararon balas de goma a quemarropa provocando heridas graves, golpearon a los detenidos que se tiraban al piso y lanzaron a los perros contra los detenidos. En esa circunstancia, y ante el uso desproporcionado de la violencia por parte de los agentes, unos detenidos iniciaron un foco ígneo en el sector de las últimas camas. Los efectivos se replegaron y, al salir del pabellón, cerraron con candado la puerta que divide el sector de la oficina de vigilancia y el pasillo que conduce al patio de recreo. El fuego se propagó rápidamente.

De los 58 detenidos en el pabellón 16, 33 murieron asfixiados o quemados. El penal estaba superpoblado, no contaba con colchones ignífugos, sistemas de seguridad para combatir incendios ni protocolo de evacuación. Por decisión política de la Dirección del SPB, sólo se había recargado la mitad de los matafuegos, alegando razones presupuestarias. Por desidia de las mismas autoridades, no funcionaban hacía varios meses las bombas que llevaban agua a las mangueras del sector. Los agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense nunca abrieron las puertas por temor a una fuga y reprimieron a los internos que intentaban salvar a sus compañeros. Muchos detenidos murieron agarrados a las rejas de salida intentando escapar del fuego. Fue una masacre: no un motín, no una tragedia ni un accidente.

Desde entonces, en su calidad de organismo de monitoreo de los lugares de encierro, la Comisión por la Memoria, a través de su Comité contra la Tortura, ha inspeccionado en reiteradas oportunidades la UP 28; la última fue hace diez días y constató, nuevamente, condiciones de hacinamiento gravosas y la existencia de torturas sistemáticas y requisas vejatorias. Los detenidos también denunciaron mala alimentación, falencias en la atención sanitaria y dificultades para acceder a los talleres de trabajo y/o educación.

Según las autoridades, el penal tiene un cupo penitenciario de 936 personas y en la actualidad aloja a 1.084. Pero la sobrepoblación es mayor, ya que este cupo no respeta los estándares internacionales que deberían tenerse en cuenta. Las cloacas, en su mayoría, están tapadas y rebalsadas de excrementos, lo que provoca un olor nauseabundo. Por otro lado tampoco está garantizado el suministro constante de agua; algunas personas expresaron que el agua de los pabellones "a veces se corta". Las celdas no tienen ventanas sino que cuentan con rejas y un chapón de hierro; los internos tienen que optar entre vivir en penumbras o exponerse a fríos intensos, cuando las temperaturas son bajas.

Los detenidos sufren aislamientos de 24 horas sin acceso a patio o espacios fuera de las celdas; hay casos de hasta 4 meses de aislamiento continuo. Tampoco tienen acceso habitual a ducha, a excepción de algún día eventual del fin de semana. Como parte de las prácticas de gobierno penitenciario, varios detenidos manifestaron haber sido golpeados por el SPB en ingresos, en circulación en la unidad y luego de represión por conflicto entre presos.

Esta nueva inspección confirma lo que ya denunciamos en su momento en los diversos informes presentados ante autoridades provinciales y nacionales y en el marco de la causa penal: Magdalena no fue un episodio azaroso ni es un caso aislado. No se trata de situaciones aisladas sino de condiciones estructurales del sistema penitenciario y de la realidad del sistema penal provincial que fomentan y convalidan condiciones de detención que implican tortura sistemática.

Mientras tanto, los responsables de la Masacre de Magdalena gozan de impunidad: recién 10 años después, la causa llegará a juicio con 17 funcionarios y agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense acusados, algunos por abandono de persona seguido de muerte y otros por homicidio culposo agravado. Pese a los reclamos y pedidos de la CPM, no se ha conseguido que los sean imputados los responsables políticos de entonces, como el Jefe del SPB y el ministro de Justicia.

La ausencia de condena a los responsables de las 33 muertes y la vigencia de las condiciones estructurales que hicieron posible tal masacre terminan por consagrar una doble impunidad en la que el Estado omite su deber de garante de los derechos y se constituye en victimario. Diez años después, exigimos justicia y reclamamos que se respeten los derechos y se preserve la integridad de las personas privadas de su libertad.

Antes del acto de la CPM, desde las 16 horas, se montará en la Plaza San Martín una radio abierta organizada de manera conjunta por la Asociación Civil La Cantora, CELS, CIAJ, CPM, CTA provincial, Covic, Campaña contra la violencia institucional y otras organizaciones, reclamando justicia por la masacre de Magdalena.
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