Martes, 17 de Julio de 2018

En medio de la corrida cambiaria, Ercolini procesó a CFK y sus hijos en la causa Hotesur

En un momento muy complicado para el Gobierno, el juez Ercolini dictó un nuevo procesamiento contra la ex presidenta, que ya lleva cinco, y le trabó embargo. También incluyó a sus hijos Máximo y Florencia, y a Lázaro Báez, entre otros.

15-05-2018



(Página/12) En medio de la escalada del dólar que inauguró lo semana, el juez federal Julián Ercolini dictó un nuevo procesamiento por lavado de dinero, sin prisión preventiva, contra Cristina Fernández de Kirchner, y le trabó un embargo de 800 millones de pesos. También procesó a sus hijos Máximo y Florencia, a Lázaro Báez, su hijo Martín, Osvaldo Sanfelice, al contador Víctor Manzanares y Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner. La causa es la que se hizo conocida como Hotesur, el nombre de una sociedad de los Kirchner, propietaria del Hotel Alto Calafate. La causa gira alrededor del alquiler de ese hotel y de otro llamado Las Dunas, a Valle Mitre, una firma de Báez, para su administración. Ercolini considera que se armó un entramado de sociedades vinculadas a Báez con el fin de blanquear en el mercado el dinero obtenido por la "adjudicación irregular" de obra pública vial en Santa Cruz. Sostiene que, para eso, se simulaban operaciones para que ingresara dinero a Valle Mitre y desde esa empresa los Kirchner y los hoteles. La ex presidenta siempre sostuvo que las operaciones fueron reales y que todos los pagos se hicieron con cheques y transferencias a precios de mercado. El fallo en ningún momento dice que los valores fueran exorbitantes. Además, según su defensa, no se entiende con qué razonamientos se deducen retornos, si se habla de contratos de obra pública por 46 mil millones de pesos y el pago de alquileres de los hoteles es 27 millones. Son valores que no tienen proporción.

Esta causa nació con una denuncia de Margarita Stolbizer, que en un comienzo simplemente decía que Hotesur no había presentado balances a tiempo ante la Inspección General de Justicia. La causa pasó por tres jueces, fue mutando, y quedó en el juzgado de Ercolini, que también tramitó la causa conocida como la de "la obra pública" ya elevada a juicio, referida a las contrataciones a favor de Lázaro Báez para la mayor parte de las obras en la provincia de Santa Cruz, impulsada por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Ahí ya había una primera cuestión controvertida: esas adjudicaciones se definían a nivel local, y con intervención de órganos especializados provinciales. Poro eso, CFK en las indagatorias una de las cuestiones que planteó es que ella como Presidenta no decidía la concesión de obras. Lo que sostuvo Ercolini en la causa sobre lavado, en su resolución de ayer, de 439 páginas, es que Cristina Kirchner, Máximo y Florencia "ingresaron a su patrimonio sumas de dinero que provenían de la asignación irregular de obra pública vial bajo una aparente legalidad, la actividad de locación, que habría permitido que aquellos fueran utilizados libremente".

Según el juez la empresa Valle Mitre tuvo una especie de función de "pantalla" que pagaba los cánones locativos para la explotación del Alto Calafate y de Las Dunas. Lo que dice es que en sus inicios no tenía historial de gran actividad comercial y capacidad económica para sostener el negocio hotelero y le llama la atención que a partir de su intermediación empezó a arrojar mayor rentabilidad que con sus dueños anteriores. No queda claro cuál sería el aspecto delictivo en las características de Valle Mitre y del hecho de que haya logrado más ganancias: podría ser lógico que quieran lograr mejores resultados que sus antecesores. En la descripción que aparece en la resolución, surge una serie de empresas que pertenecen al propio Lázaro Báez, y que operan con Valle Mitre. Según el juez plasmaron operaciones ficticias para poder retornar a los Kirchner dinero de la obra pública concedida a Báez. Pero no señala que el alquiler del hotel haya sido una operación simulada. Por ejemplo: el fallo dice que Báez transfirió fondos de la obra pública a Valle Mitre, como gerenciadora, entre 2007 y 2015 y que lo hacía a través de cuentas donde llegaba ese dinero del erario público, en cuentas en los Bancos Santa Cruz ,Nación y Patagonia. De la firma Austral, de Báez, recibió cerca de 71 millones de pesos.

Los contratos que, según la resolución, eran operaciones "simuladas" con firmas del propio Báez, fueron, por ejemplo con Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, La Estación, Badial, Alucom Austral y Diagonal Sur Comunicaciones, además de Austral Construcciones. La defensa de CFK ya había analizado que hay una falta de congruencia en todo el planteo ya que la obra pública otorgada a Báez abarca de 2003 a 2015 y el contrato de alquiler se ubica entre 2009 y 2013. Pero, además, no hay proporción entre los valores: la fiscalía señaló contratos de obra pública por 46 mil millones de pesos y la facturación por el pago de alquileres fue cerca de 28 millones. Tampoco es un valor ilógico: el cálculo por habitación daba 129 pesos por noche y el hotel ofrecía otros servicios (restaurante, salones).

Tampoco podría haber lavado, sostienen, si todas las operaciones fueron en blanco y estuvieron bancarizadas. Según el juez hubo cobros y retiros donde no se respetaron "las debidas formalidades". La defensa sostiene que el hecho de que los distintos miembros de la familia hicieran retiros obedecía a que se trata de una sociedad familiar, donde rige la confianza y no necesitan esperar balances para distribuir ganancias. Otro dato llamativo es que en 2011 Ercolini analizó un causa casi idéntica a la de Hotesur, donde se discutía el alquiler del hotel Los Sauces, también de la familia, a una empresa que se atribuye a Juan Carlos Relats, que también había tenido contratos de obra pública en la provincia. En ese caso, Ercolini descartó la existencia de delito.

El procesamiento de ayer es el quinto que le toca a CFK. Hubo intentos por que la causa de obra pública se juzgara junto con otra de lavado contra Lázaro Báez e incluso con esta sobre Hotesur, pero finalmente todo indica que se harán juicios por separado.


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