Jueves, 27 de Junio de 2019

La dictadura de los 100 días

Para llevar adelante una contundente restauración conservadora, que en menos de un mes se abocó a destrozar y desmantelar los principales logros desde el 2003 hasta la fecha, el presidente Mauricio Macri firmó en 30 días más decretos de necesidad y urgencia (DNU) que los que sancionó su antecesora en ocho años. Pudiendo llamar al Congreso a sesiones extraordinarias, Macri prefiere manejarse como si fuera un dictador sin parlamento.

30-12-2015



Por Sergio Varela

"La dictadura suele concentrar su poder en torno a la figura de un único individuo, que recibe el nombre del dictador. Adolf Hitler y Benito Mussolini son dos ejemplos de dictadores.
Al acceder al poder, ya sea por vía democrática o mediante un golpe de Estado, el dictador suele formar un gobierno de facto donde no existe la división de poderes y se impide que la oposición llegue al gobierno por medios institucionales (se suspenden las elecciones y se prohíben los partidos políticos, por ejemplo).
La noción de dictadura se remonta a los tiempos romanos, cuando se podía conceder la autoridad suprema a una persona (el dictador) en los tiempos de crisis, generalmente vinculados a las guerras.
Con el tiempo, las dictaduras pasaron a ser predominantemente dictaduras militares, donde el dictador es sostenido por la fuerza militar que se encarga de la represión de los disidentes y de imponer el terror para evitar el disentimiento. También puede hablarse de dictaduras constitucionales cuando, bajo el aparente respeto de la Constitución, un dictador viola la legislación para ejercer el poder".
(Definición de "dictadura" para algunos teóricos)


El ingeniero Mauricio Macri asumió la presidencia de la República imbuido de un indisimulable espíritu de venganza. Con ese ánimo de revancha, su primera (re)acción de gobierno, antes de ser gobierno, fue propinarle a su antecesora un golpe de Estado de baja escala, al desalojarla de su investidura en el traspaso de mando mediante una medida cautelar que la despojaba del rango de presidente saliente al momento de la asunción del nuevo titular del Ejecutivo. El actual presidente no reconoce en el "ancient régime" kirchnerista ningún tipo de legalidad ni legitimidad, por lo que desde el minuto 0 de su mandato se abocó a poner las cosas en orden, volviendo todo a la "normalidad".
Es decir, a la coincidencia entre las acciones del poder político y los intereses del establishment. Y se dio el gusto de destituir por 12 horas a "la señora de acá enfrente", como llamaba a la Dra. Fernández de Kirchner en sus tiempos de jefe de Gobierno porteño. Un gesto que ponía las cosas en claro desde el primer momento. Para quienes tienen menos de 50 años, esa bravuconada simbólica se referencia con la fallida experiencia finisecular del Dr. De la Rúa, de quien el actual presidente procuraría distinguirse, advirtiendo al peronismo que puede gobernar sin él y hasta contra él. Para quienes han vivido períodos previos, incluidos regímenes totalitarios muy antiperonistas en su esencia, la actitud y los actos del actual gobierno se entrelazan con el origen ideológico de su líder carismático y del movimiento político que creó de la nada. El ingeniero Mauricio Macri se jacta de "no provenir de la política". Si bien las páginas más profusas de su biografía autorizada tienden a emparentarlo, valga la palabra, con la actividad empresarial familiar, ese recorrido estuvo signado por un fluido trato con el Estado, a través de la obra pública. En su biografía no autorizada "El pibe", la periodista y diputada porteña por Nuevo Encuentro, Gabriela Cerruti, revela, a partir del testimonio de Franco Macri, que el actual presidente comenzó su actividad política bajo la tutela de un mentor muy particular: el intendente de facto de la ciudad de Buenos Aires, Brigadier Gral. Osvaldo Cacciatore. Es decir que el actual mandatario, quien ejerce cargos públicos desde hace más de una década, lo cual transitivamente lo convierte en miembro pleno de la clase dirigencial, hace mucho tiempo que no es ajeno a la política, pero su acercamiento a ella no proviene de la democracia.

En las primeras horas de gobierno, tras reunirse con los gobernadores, el presidente anunció que "no están previstas las sesiones extraordinarias en el Congreso" y, antes de tomarse vacaciones, firmó 29 decretos de necesidad y urgencia en 72 horas, la misma cantidad que la Dra. Fernández de Kirchner sancionó en sus dos mandatos a lo largo de ocho años.

Entre las primeras medidas dictadas por decreto, sin debate parlamentario (donde la coalición Cambiemos es minoría), el ingeniero Macri dispuso el levantamiento del cepo cambiario, una devaluación del peso en más del 40%, dio de baja las restricciones a 18.000 productos importados como paso previo a la liberalización comercial, y eliminó el régimen de información que obligaba a las empresas a dar a conocer mensualmente los precios de sus productos. Medidas categóricas que dan vuelta como un guante la matriz económica y productiva del postkeynesianismo aplicado durante la década previa (con fomento del mercado interno, creación de empleo, desendeudamiento externo, distribución del ingreso a partir de cierto Estado de Bienestar), y la reemplazan de un literal plumazo por las coordenadas del liberalismo de Milton Friedman, donde es el mercado el que se autorregula sin intervención alguna del Estado. En esa línea se enmarcan dos medidas de alto impacto también sancionadas por DNU: el fin de las retenciones a las exportaciones agrarias y a las exportaciones industriales. Los compromisos del actual gobierno con las corporaciones, que padecieron el ser acotadas y controladas durante la administración anterior, lo impulsan a hacer valer en la contundencia de decretos inconsultos su categórico triunfo por un 2% de diferencia en el balotaje, imponiendo "de prepo" a la otra mitad de la sociedad un modelo diametralmente opuesto por el vértice al anterior.

EL SILENCIO ES SALUD

El equipo de gobierno de Cambiemos tiene como primera meta surfear a flote las aguas de los primeros 100 días de gestión. En ese lapso, esperan la llegada de US$10.000 millones en préstamos del exterior que contribuirían a apaciguar con divisas los previsibles efectos negativos de la aplicación de ese programa. A diferencia de las miradas ingenuas hacia el plan de Martínez de Hoz en 1976 o la ilusión del "1 a 1" de Cavallo en los ´90, ambos precedentes plantean hoy una perspectiva desde la cual se pueden vaticinar los daños colaterales del revival financiero-corporativo.

"Macri está gobernando para las minorías privilegiadas a costa de los trabajadores. Transfieren recursos para los bancos, los exportadores y los sectores más concentrados de los agronegocios, y les sacan a los sectores de menores ingresos. Eso no es justo", declaró Hugo Godoy, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, primer gremio en oponer una medida de fuerza a la "blietzkrieg" de decretos (aunque los especialistas en historia y ciencia política advierten que la metáfora de la "guerra relámpago" de Hitler no aplica en este caso, "porque en aquella época el führer todavía rendía cuentas a un parlamento").

El costo social será absorbido mediante bonos de emergencia y una dura represión de las expresiones de descontento, tal como se televisó en directo durante el desalojo con balas de goma de los trabajadores de la empresa Cresta Roja en la autopista Ricchieri. El columnista Joaquín Morales Solá se mostró, desde las páginas de La Nación, muy entusiasmado con el restablecimiento de "una noción del orden público, completamente perdida desde la gran crisis de 2001 y 2002", tal como había escrito en Clarín previos panegíricos del "Operativo Independencia" que fue el laboratorio de ensayo, en Tucumán y en 1975, del terrorismo de Estado aplicado por la última dictadura cívico militar. "Importantes sectores sociales se acostumbraron a cortar calles, rutas y autopistas, a trastornar el espacio público en demanda de soluciones al gobierno. Sus protagonistas incluyen desde la izquierda trotskista hasta sectores de la clase media dispuestos a reclamar por un corte de luz, pasando por trabajadores que reclaman un aumento salarial y por la estabilidad de las empresas. El objetivo explícito y confeso es molestar a los argentinos, destruir los horarios de sus vidas, condenarlos a vivir interminables tiempos muertos", se ofuscó. En respuesta a esa demanda, la ministra Patricia Bullrich advirtió sobre la elaboración de un "protocolo" que regulará la protesta social, y que sobre todo dará un marco legal ?o al menos formal, ya que indudablemente puede estimarse que también será definido por decreto- a la represión de la misma.

Y el actual gobierno modificó por decreto la controversial Ley de Servicios Audiovisuales, una legislación insignia de la administración anterior. Una ley que, en los hechos, no llegó a aplicarse plenamente y que el gobierno anterior utilizó como ariete en su compulsa contra el multimedios Clarín, desnaturalizando la esencia de ese cuerpo legal, al subsumirla a la pelea con ese grupo concentrado de medios de comunicación. Además de que, si bien mejoraba el marco regulatorio establecido por la dictadura de 1976-1983, desconocía aspectos de las actuales tecnologías aplicadas a la información. En vísperas de Navidad, mediante un ?otro- decreto, el gobierno se apropiaba de dos organismos descentralizados, cuyo funcionamiento y autoridades estaban regulados por esa ley en vigencia. La intervención por decreto de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación, AFSCA, y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, AFTIC, fueron decisiones escandalosas que recibieron críticas tanto locales como internacionales.

El titular de la AFSCA, Martín Sabatella, cuyo mandato, por ley, atraviesa los períodos gubernamentales, justamente para escindir del poder de turno la regulación de la libertad de expresión, se mantuvo en su cargo e interpuso recursos legales frente al decreto que violaba la ley en vigencia. Esa actitud le valió ser tildado de "personaje menor", "sicario" y "estalinista" por parte del periodista Marcelo Longobardi en su programa de Radio Mitre, poderosa emisora del multimedios Clarín.

"Se terminó la guerra del gobierno contra el periodismo", anunció el jefe de Gabinete Marcos Peña al dar a conocer otro decreto por el cual esos organismos descentralizados eran puestos bajo la órbita del gobierno y se modificaba por la Ley de Medios para favorecer la "convergencia", es decir, los monopolios.

Al frente del nuevo Enacom que absorbe ambos organismos antes descentralizados, estará Miguel de Godoy -quien entre sus antecedentes cuenta el haberse desempeñado como vocero del presidente-, para reemplazar al "militante", "sicario" y "estalinista" Sabatella.

JUEZ Y PARTE

Pero hubo dos decretos que abiertamente transgreden la legitimidad y colocan al actual gobierno en la definición de dictadura constitucional de la Ciencia Política, al usar prerrogativas constitucionales para violar la ley. Uno, aparentemente menor, casi risueño, es el del nombramiento de la diputada Laura Alonso al frente de la Oficina Anticorrupción mediante un decreto que modifica los requisitos para ocupar ese cargo (es decir, un acto de corrupción para decidir sobre la Oficina Anticorrupción). El nuevo reglamento de la ley señala que en vez del título de abogado, la titular de la OA: "Deberá poseer título universitario, sólida formación académica, antecedentes profesionales calificados en derecho, ciencias sociales o economía y una reconocida trayectoria democrática y republicana". Al respecto, ironizó el diputado Jorge Rivas, de Nuevo Encuentro: "Para poder nombrar a Laura Alonso como titular de la Oficina Anticorrupción, el presidente Macri, por medio de un decreto, eliminó el requisito que exigía el título de abogado para cumplir esa función. Me pregunto, ya que estamos de caravana, ¿no sería más práctico nombrar abogada por decreto a Laura Alonso?"

El otro decreto de la discordia fue el nombramiento "en comisión" de dos jueces de la Corte Suprema de Justicia. "Algo huele a podrido en Dinamarca" se podrían regodear los amantes de la obra de Shakespeare (quien expresaba sus agudas críticas al poder político de la Inglaterra renacentista) al enterarse que uno de los ministros de la Corte nombrados por el líder de Cambiemos era Carlos Rosenkratz (cuyo apellido coincide con el de un personaje de "Hamlet", y cuyo estudio tenía entre sus principales clientes a Clarín). El otro ministro impuesto por decreto fue Horacio Rossatti. El mecanismo, señalan desde el gobierno es constitucional, ya que lo aplicó Bartolomé Mitre en 1862. Lo cierto es que no lo es, ya que la Carta Magna establece que esos nombramientos deben contar con aprobación del Senado.

EL GRAN HERMANO TE VIGILA

También por decreto, el ministro de Justicia, Germán Garavano, confirmó dos nuevos DNU para dar marcha atrás con normas aprobadas por el Congreso: uno suspenderá la aplicación del Código Procesal Penal y el otro pasará las escuchas judiciales desde el ámbito del Ministerio Público Fiscal a la Corte.

La Carta Magna prohíbe sancionar decretos en materia penal, pero de todos modos el ingeniero Macri seguirá adelante con el objetivo de limitar las atribuciones de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, mientras no pueda desplazarla de su cargo.

En una entrevista al diario Página/12, la fiscal que conduce la Dirección de Interceptación y Captación de Comunicaciones (Dicom), Cristina Caamaño, advirtió que el máximo tribunal "no puede hacerse cargo de un día para el otro" de las escuchas.
El presidente, que estuvo procesado por espionaje ilegal durante más de cinco años, lo tiene más que claro. Sabe que la Corte no tendrá más remedio que delegarle las escuchas judiciales.

A su vez, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, desestimó como "un error" el decreto que retrotraía la educación a los tiempos del menemismo, bajando la inversión pública del 6% al 3% del PBI, y volviendo a los planes de estudio previos, con regreso al polimodal y EGB y suprimiendo las escuelas técnicas.

Una andanada de munición gruesa para borrar de un, de 40 plumazos, el andamiaje legal que requirió arduos debates para alcanzar un débil consenso ante el poderoso esmerilado al que lo sometió el poder mediático en los años anteriores, actuando como vocero de todas las corporaciones.

Con formas y contenidos alejados por completo de las prácticas democráticas. Acaso poniendo evidencia que el presidente y su equipo no vienen de la política, o que piensan quedarse en ella con las formas y contenidos aprehendidos como cabezas (CEO) de grandes corporaciones privadas. Es decir, actuando como si el mandato al frente del Poder Ejecutivo los convirtiera en propietarios del Estado que administran.


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